Resulta irónico que mientras el mismo Jesucristo criticaba el poder que los abogados gozaban (Mateo, 23), dos mil años después, nuestro país mayormente cristiano todavía siga sometido a sus mandatos. Examinaremos algunas de las consecuencias de vivir en una república de juristas.
El derecho es por mucho la formación profesional por excelencia de los políticos en el mundo occidental seguido de lejos por la economía. Sin embargo, el poder y el estatus del que gozan (y estudiantes de derecho presumen) por codearse con los poderes políticos y corporativos contrastan significativamente con la respetabilidad que proyectan al resto de la población. Especialmente en México, donde el sistema de justicia carece de confianza y los políticos a quienes frecuentemente se les asocia con la corrupción. Recientemente tuve un brutal recordatorio de este hecho al tener que prestar a un amigo una cantidad que le fue solicitada por un juez a cambio de ratificar su inocencia de un delito que cometió alguien más. Un hombre amable y respetable, según dicen. En este ensayo reflexionaremos en las causas y consecuencias de un estado dominado por juristas, o políticos que juegan el mismo papel.
Iniciando con las causas. Por principio de cuentas, es evidente que las personas especializadas en leyes, supone que están calificadas para hacerlas Por ello no sorprende que existan en los partidos fuerzas buenas y valiosas con una pasión por el derecho. En un segundo vistazo, están igualmente calificados para asistir a representantes públicos en vez de asumirse como tales; dado que hacer política pública es otro tema aparte. Incluso podría suponer conocimiento de cosas triviales como, por ejemplo, si el sueldito promedio del mexicano es de 50,000 MXN o no ( oh sorpresa, es 4,456 MXN de acuerdo a cifras de la CONEVAL).
Revisemos algunas razones más profundas. En su lectura publicada en 1919 La política como vocación, Max Weber analiza por qué desde entonces los abogados tenían una sobrerrepresentación en la política. En ella identifica dos causas clave. Primero, ya que convertirse en político electo ( o siquiera trabajar para uno) es en extremo incierto, son por lo regular gente pudiente que puede asumir el riesgo de lanzarse como candidato por un cargo público (para la clase trabajadora suele ser una cuestión de ganar o morir). Dentro de esta élite, la política es más adecuada para personas que son prescindibles en su trabajo, por lo que empresarios activos la descartan. Resulta más sencillo patrocinar abogados, cuyo trabajo es postergable para esos efectos. Segundo, porque los abogados tienen experiencia defendiendo intereses sin cuidado de las implicaciones morales. Esto los hace naturalmente ideales defensores de los intereses de las élites tras bambalinas.
¿Entonces cuál es el problema con esta república de juristas? Empezaremos reflexionando sobre su participación directa en la política, y luego pasaremos a comentar del estado en que se encuentra el sistema de justicia mexicano en general.
Como se sugirió anteriormente, los juristas aportan un significado distinto de “representación” a la democracia del que vislumbraban los antiguos griegos. El hecho de que una parte considerable de los candidatos a legislar (y gobernar) sean juristas, se suma al fuerte sesgo de las clases (medias) altas en los ámbitos de la vida en los que están directamente representados. A esto se suma el hecho de que el adiestramiento en defender intereses privados es visible en las dinámicas del debate político, o mejor dicho: la absoluta falta del mismo. Los senados se convierten en una especie de purgatorios propios de una tragicomedia, donde la gente se ve obligada a convencer a gente que le pagan por no convencerse (a menos que se trate de una reforma energética para cuya aprobación son sobornados, desde luego).
Otra consecuencia es que nuestros políticos, con una formación legal o no, suelen manejar los dramas de la política como abogados. En México, esto cada vez más toma la forma de lo que me gusta llamar denuncia-manía: desde las casi semanales denuncias de la Secretaría de Salud hasta las poses orgullosas de representantes del pan, con denuncias penales relativas a la tragedia de la L12 del metro, frente a la escena de un desastre; no hay límites en las denuncias incómodas e inviables. Si la oposición mexicana tuviera una foto oficial en Wikipedia, sería un sujeto trajeado sosteniendo orgullosamente una denuncia afuera de alguna autoridad. El objeto de estas denuncias es fijar una postura más que una búsqueda seria de justicia como lo vimos en Nuevo León cuando los dos candidatos punteros en 2021 (ambos abogados) presentaron denuncias formales en contra del otro para luego sorprenderse de que se iniciaran investigaciones serias al respecto. La reacción de uno de ellos, Adrián de la Garza, lleva a una segunda observación: en vez de enfrentar las críticas, el político-abogado de hoy reacciona con contra-denuncias. Esta nueva estrategia sirve para enturbiar las aguas y les permite hablar el lenguaje de la justicia sin cuidar la moralidad. En el caso de Adrián -acusado de manipular los votos- tomó la forma absurda de viajar a Nueva York a denunciar al estado mexicano con la Organización de Estados Americanos. Un efecto colateral de esa ridiculez resultó en que el ciudadano promedio ahora ve las denuncias penales como un gesto meramente formal más que el punto de partida para la justicia.
Mirando más allá de la participación directa en la política, también se debe reflexionar en los problemas políticos de mayor alcance en lo que respecta a los juristas, particularmente en el ramo judicial del gobierno. En su estado natural, el problema no es que los políticos actúen como abogados, sino que los abogados la hagan de políticos.
Desde luego me refiero a la impactante cantidad de corrupción dentro del sistema de justicia. Esta epidemia de corrupción judicial se ha recrudecido al punto que el Secretario de marina -la institución que goza de mayor confianza en el país- ha hecho público que el poder judicial está obstaculizando su trabajo. Se ha vuelto prácticamente imposible combatir el crimen organizado dada la protección que gozan los criminales del poder judicial en el norte. Este tipo de protección a veces toma la forma de patrocinio político, como vimos este verano con el caso de persecución del gobernador de Tamaulipas. El gobernador Cabeza de Vaca tiene órdenes de aprehensión por crimen organizado por autoridades federales (el tercero de los últimos cuatro gobernadores que enfrentan ese cargo), mismas contra las que un juez local le otorgó inmunidad. Profundizando en la mencionada lógica del contraataque, consiguió que su equipo de abogados solicitara una investigación contra el juez que emitió su orden de aprehensión, ¡y denunció al fiscal federal ante el fiscal federal! El hecho de que MORENA barriera con el PAN en las elecciones locales siguientes podría ser una señal de que la gente ordinaria esté dudando de la honorabilidad del estimadísimo caballero en cuestión y la sinceridad de su respeto por el estado de derecho en Tamaulipas.
La corrupción desde luego no es la única razón por la cual los expertos en derecho representan un problema para el funcionamiento del estado. Una especie particular es la que hace más daño a las políticas públicas que cualquier político corrupto: los despachos fiscales. Ayudar a cualquier persona potentada o corporación a evadir contribuciones al erario (del cual dependen maestros, vacunas, etc. de los cuales se benefician), su cinismo es alarmante hasta para cualquiera. Para dar un ejemplo anecdótico: recuerdo en una capacitación de personal en el TEC de Monterrey donde nos hicieron reflexionar sobre la ética en nuestro campo. El sujeto que tenía al lado alzó la mano y contestó: “disculpa, esto no aplica para nuestro campo en derecho fiscal”. Una discusión surgió al respecto en la cual resultó que el hombre hablaba muy en serio y sostuvo una posición apasionada de trabajar para el mejor postor y no enseñar ética a los estudiantes para hacer bien su trabajo. Si el SAT le pagase $250,000 al mes, abrazaría la virtud pública, porque al final resultó ser un buen hombre por dentro. La discusión terminó conmigo declarándome un extranjero ingenuo por sugerir que alguien podría criar una familia con algo menos que ese sueldo tan pobre.
Para ser claros: No es mi intención denostar la profesión de los abogados, quienes podrían jugar un papel importante en el restablecimiento de la justicia (social). Aunque comparto con la suspicacia general y cristiana de que muchos aprenden las reglas del juego para explotarlas, mi súplica es en contra de la corrupción del oficio dada su cercanía al poder, más que por el oficio en sí. El objetivo es re-pensar nuestra república.
Primero hay que repensar la representación. Más que sacar a los abogados de la política (tienen todo el derecho a estar ahí), deberíamos aprender a apreciar la diversidad de clase en la política -así como apreciamos el género o la diversidad- o al menos no detestarla. En vez de burlarnos de los candidatos sin maestría en negocios o derecho, debemos identificar y remover las barreras que detienen a otros de participar. Un sólido apoyo legal y político de los partidos a sus candidatos podría desempeñar un papel en eso.
Segundo, necesitamos apoyar las reformas constructivas del ramo judicial, que a este punto es sencillamente disfuncional y parece existir solo para obstaculizar un cambio. Esta crisis de legitimidad institucional no se soluciona con discursos conservadores de respetar la autonomía e independencia del poder judicial en nombre del estado de derecho, si la mayoría no cree en que exista dicho estado de derecho. De igual manera, defender la separación de poderes para detener cualquier reforma judicial deja de lado la realidad de que la Mafia del Poder implica que no haya dicha separación de poderes (a nivel local y sobre todo entre poder económico, político y judicial.
Por último, hay que entender que la desconfianza en el sistema de justicia sostiene por sí misma la corrupción en su interior, en el sentido en que si los ciudadanos comunes y corrientes no utilizan herramientas legales y no hacen denuncias reales, es más difícil que la ley trabaje para nosotros. Las facultades de leyes deben tomarse más en serio las discusiones sobre corrupción en su currículo, pero también la ley y la justicia deben acercarse más a la población. La educación popular acerca del uso básico de medidas legales como mecanismo de defensa personal o para reclamar derechos sociales podría ser el primer paso para esta emancipación.
Traducido por Diego Lopez Casas